REVISITA DEL FAMOSO AUTO DEL MERCANTIL 3 DE BARCELONA, DE MÁS ACTUALIDAD QUE NUNCA EN EL ENTORNO QUE NOS RODEA
Tema: Insolvencia de particulares
No hace falta introducir la famosa resolución del Magistrado Fernández Seijo (Mercantil 3 Barcelona, Auto de 26/10/2010) que en la conclusión del concurso extinguió las deudas concursales de dos personas físicas, realizando una interpretación muy singular del artículo 178.2 LCon.
A mi juicio la resolución era, lamentablemente, contra legem, pero por otro lado llega a una solución – dentro del caso concreto objeto del Auto referenciado – justa y acomodada a las necesidades de la sociedad española actual, que responde a las reivindicaciones de la misma en este momento y respecto de la situación económica española que pasa por un tramo muy delicado.
La interpretación que realiza el magistrado-juez se debe a las circunstancias del caso en concreto: los concursados eran dos pensionistas que durante casi tres años habían visto intervenido su patrimonio, habían perdido su vivienda habitual, habían pagado en menos de un año el 100% del crédito privilegiado, un 45% del ordinario y no se había podido llega a un convenio porque los acreedores ordinarios no acudieron a la junta para votar las propuestas presentadas por los deudores.
Por otra parte resaltar que en la preparación de la Ley Concursal El Grupo parlamentario Catalán Convergencia i Unió propuso que la clausura del concurso pudiera comportar la extinción de los elementos del pasivo no satisfechos en el caso de deudores honestos e imponiéndoles una serie de requisitos ( 1) calificación del concurso como fortuito; 2) solicitarse esa exoneración antes de la finalización de la fase común; 3) compromiso del deudor a ceder el importe de sus salarios, sueldos, pensiones, retribuciones o equivalentes embargables durante un periodo de 5 años) y determinados controles. Propuesta que fue totalmente rechazada.
La aplicación estricta del artículo 178.2 LCon mantiene la eficacia de los créditos concursales no satisfechos, total o parcialmente, principalmente porque el procedimiento concursal es una garantía o protección para los acreedores, tal y como se establece en la Exposición de Motivos de la LCon; produciendo pues la interpretación del JMER de Barcelona un gravamen para los acreedores castigados por el concurso, ya que no sólo no habrían podido cobrar su crédito durante el concurso sino que además, cancelar los créditos supondría despojarles de su facultad de poder iniciar ejecuciones singulares en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o se declare nuevo concurso ( Artículo178.2 infine).
Parece que todo apunta a la teoría de la aplicación estricta del precepto en cuestión; pero ¿La delicada situación de parte de la sociedad española hoy en día no debería plantear una reforma de dicho artículo en el que se pudiera liberar a las personas físicas de la carga que supone el mantenimiento de dichos créditos estableciendo una serie de requisitos y circunstancias especiales?, ¿tiene esta teoría cierto sentido a raíz de que dicho Auto no fuera recurrido en apelación?, ¿producen determinadas situaciones concretas una cierta sensibilización que hacen necesaria la regulación de las mismas dentro del procedimiento concursal?, ¿qué soluciones aparte de una reforma se podrían establecer?.
FUENTE: Anuario de Derecho Concursal Nº 26 Civitas
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