REVISITA AL REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO SE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS EN EL ORDEN SOCIAL

El llamado “Mecanismo de Segunda Oportunidad” tiene como efecto principal una nueva reforma de la Ley Concursal, poniendo en evidencia la falta de efectividad de las anteriores Reformas en un nuevo intento de dotar a la LC de los mecanismos necesarios para hacerla compatible con los supuestos de insolvencia del particular no empresario.

Las novedades más importantes de este RDL así como, a nuestro juicio, los pros y contras de la misma son los siguientes:

FAVORABLES:

– Por fin observamos una iniciativa de inclusión a las personas físicas no profesionales en el entramado del procedimiento concursal.

– La nueva norma introduce un artículo 178 bis en la Ley Concursal que incluye la posibilidad de que el deudor solicite la exoneración del pasivo no satisfecho y pendiente una vez concluido el concurso de acreedores.

Aunque más adelante se van a comentar los inconvenientes de la redacción de este nuevo artículo, en nuestra opinión era un paso necesario a dar por parte del legislador, ya que resultaba necesario solventar el problema de soportar la carga de la deuda una vez finalizado el procedimiento concursal.

– Se añade igualmente un artículo 242 bis en la Ley Concursal el cual establece las especialidades respecto al Acuerdo Extrajudicial de Pagos – en adelante AEP- de personas naturales no empresarios.

– Respecto a la iniciación del expediente (AEP) se sustituye la incomprensible prohibición recogida en reformas anteriores que obligaba al deudor a abstenerse de solicitar préstamos o créditos, devolver a la entidad las tarjetas de crédito de que fuese titular y abstenerse de utilizar método de pago electrónico alguno – lo cual era inconcebible pues suponía una autentica prohibición a la supervivencia económica- por una prohibición más descafeinada que implica la abstención de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda de los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad.

DESFAVORABLES:   Los inconvenientes del restrictivo régimen de segunda oportunidad superan sin duda a los elementos favorables:

– Algunos de los requisitos necesarios para obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, resultan incomprensibles, como por ejemplo, la obligación que se impone de no haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad. ¿Qué ha pretendido expresar el legislador con ello? ¿Una oferta adecuada a su capacidad, implica trabajar en condiciones precarias económicamente hablando? ¿No se debería evaluar de manera previa, de cara a la concesión del beneficio de exoneración, el motivo  o las causas de rechazo de una oferta de empleo?

– El umbral de pasivo que el deudor ha de satisfacer como requisito previo a la solicitud de la exoneración de la deuda resulta totalmente excesivo: la totalidad de los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados, y si no hubiera intentado un AEP previo, además el 25 % de los créditos concursales ordinarios.

– El artículo 178 bis incluye una incongruencia difícil de entender: ¿si el beneficio de exoneración del pasivo incluye a los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión, porqué en el apartado 5.2º incluye dentro de la exoneración la parte del crédito calificado como privilegiado especial no satisfecho con la ejecución de la garantía, salvo si éste según su naturaleza pudiera calificarse como ordinario o subordinado?

Además la nueva legislación deja desprotegidos a los obligados solidarios del concursado, quienes al no poder invocar el beneficio de exoneración, resultarán ser los mayores perjudicados; pues en caso de acordarse la exoneración al deudor, la carga caerá íntegramente sobre ellos.

– Independientemente de que en la Exposición de Motivos de la norma se establezca que la finalidad de la misma es la de permitir a la persona física deudora encarrilar nuevamente su vida, siguen cometiéndose a nuestro juicio, los mismos errores que en anteriores reformas tales como la sobreprotección del crédito público, hecho que perjudica especialmente a la persona natural empresaria.

– Para más inri, la exoneración del pasivo puede ser revocada si durante los cinco años posteriores, el deudor mejorase sustancialmente su situación económica de tal manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos. No cabe duda que dicha afirmación, supondría para el deudor una vuelta a la situación de insolvencia (pues se le permiten terceras oportunidades) que, en caso de conseguir recuperarse económicamente con esfuerzos, vería como éstos no le han servido de nada pues estaría obligado a pagar todos los créditos condonados anteriormente.

Ello fomenta aún más si cabe, a diferencia de lo que pretende evitar la nueva norma, la economía sumergida ya que los deudores exonerados, a raíz de esta disposición, tendrían miedo a recuperarse económicamente o a impulsar de manera legal su actividad profesional.

 

Muchas son las dudas y muchos los frentes abiertos que deja esta nueva legislación, y que siguen sin dejar satisfechos a los expertos en la materia y a los propios deudores.