La declaración de culpabilidad en el concurso (aumentan los casos)

Dentro del procedimiento concursal existe una sección, denominada de calificación, que se abrirá siempre que la empresa vaya a liquidación o apruebe un convenio con sus acreedores que supere los tres años de espera o un tercio de quita. En dicha sección se estudia la responsabilidad personal del empresario en la generación o agravación de la situación de insolvencia que lleva a la empresa a ser declarada en concurso. Así, ya de entrada puede afirmarse que, si se logra un convenio con los acreedores que no supere estos umbrales, no se abrirá la sección de calificación.

Pero si ello no se consiguiera, se tendrán que analizar las conductas llevadas a cabo antes de la declaración de concurso y se tomará la decisión, primero por los administradores concursales y por el Ministerio Fiscal y luego por el juez del concurso, sobre si la insolvencia se ha generado porque el empresario ha actuado con dolo o culpa grave o si la insolvencia se ha debido a causas imprevistas y accidentales del mercado.

En el primer caso el concurso será declarado culpable, mientras que en el segundo será considerado fortuito y no acarreará consecuencias negativas para el empresario.

Si el concurso es considerado fortuito por la administración concursal y el Ministerio Fiscal, el juez así lo declarará. Pero si alguno de los dos primeros operadores considerara el concurso susceptible de ser declarado culpable, se abrirá el trámite correspondiente y se depurará la responsabilidad del órgano de administración de la concursada.

Desde el inicio de la aplicación de la Ley Concursal, la mayoría de procedimientos se han venido a considerar fortuitos, máxime teniendo en cuenta que la situación de crisis actual ha llevado a muchas sociedades a una situación de insolvencia derivada precisamente de las dificultades propias de la coyuntura económica.

Sin embargo, desde hace un tiempo también se viene observando que la tramitación de la sección de calificación se está llevando con rigor por los juzgados y se están declarando culpables aquellos procedimientos en los que se constatan las conductas legalmente previstas y verdaderamente reprochables en los administradores societarios.

En este mismo sentido puede mencionarse la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, de 12 de diciembre, mediante la que se considera que la concursada no solicitó a tiempo su declaración de concurso y no llevó a cabo actuación alguna tendente a minorar los efectos de la complicada situación económica que atravesaba la sociedad, no actuando su administrador como un diligente y ordenado empresario. Se entiende, por tanto, que la gestión de la insolvencia no ha sido realizada con arreglo a derecho y que dicha actuación merece el reproche previsto en la ley, consistente en la inhabilitación al administrador para administrar bienes ajenos, la condena a la pérdida de los derechos que pudiera tener como acreedor y la condena al pago a los acreedores, con su propio patrimonio presente y futuro, del total de los importes que no perciban de la empresa concursada.

Ante esta resolución de condena, el administrador de la sociedad podrá plantear el correspondiente recurso para que sea revisada por un órgano judicial superior pero, tras el incremento de sentencias en este sentido, y para evitar estas declaraciones de culpabilidad, los empresarios han de tener muy presente la conveniencia de estar debidamente asesorados en cuanto a las responsabilidades que supone la aceptación y el desempeño de las funciones inherentes a su cargo y la necesidad de cumplir estrictamente con los mandatos legales.

Fuente: EXPANSIÓN (http://www.expansion.com/2011/12/19/valencia/1324326414.html)