Calificacion del concurso como fortuito: El empresario Salva su responsabilidad y su patrimonio

Cientos de empresarios aragoneses han conseguido salvar su patrimonio tras
declarar insolventes sus empresas y terminar estas liquidadas por los juzgados
de lo Mercantil en concursos de acreedores que, prácticamente sin excepción,
obtienen la declaración de fortuitos al no detectar los administradores
concursales indicios de que la ruina pueda responder a una mala gestión, ya sea
deliberada o por torpeza.

Esa situación, explicaron fuentes judiciales, se da en la práctica totalidad
de los procedimientos concursales, en los cuales se ha generalizado otra
tendencia: las declaraciones de insolvencia terminan en la liquidación de la
sociedad concursada, ya sea por no lograr que sus acreedores acepten reducir y/o
aplazar el cobro de los débitos o porque, de haber conseguido un convenio, este
resulta incumplido a las primeras de cambio.

Cuando aparecen indicios de culpabilidad de los gestores, la Ley Concursal
permite a los magistrados ir contra las propiedades de los concursados para
saldar sus deudas y finiquitar con cargo a esos bienes los contratos de sus
trabajadores. Sin embargo, los jueces de lo Mercantil tienen en este capítulo
las manos atadas: solo pueden proceder contra el empresario si los
administradores concursales –economistas y abogados comisionados por los
juzgados para meterse en las tripas de la empresa– hallan evidencias
de culpabilidad, o si esa situación es denunciada por la Fiscalía y/o la
Abogacía del Estado, cuyos profesionales se ven igualmente obligados a trabajar
sobre los documentos de los interventores, cuyo contenido y conclusiones son
también vinculantes para ellos. Así, las declaraciones de fortuito
–«que ocurre inopinada y casualmente»– se suceden en cascada en los
juzgados.

En la práctica, esa calificación conlleva que los acreedores pierden el
grueso de las deudas pendientes de cobro –la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social suelen ser de los principales damnificados– al mismo tiempo que el
erario público termina pagando las indemnizaciones por despido a los
trabajadores a través del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial).

Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/la-ley-blinda-rico-_720142.html